En un movimiento clave dentro de la política exterior estadounidense hacia la región, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este miércoles, 2 de septiembre, el marco de sanciones sobre Venezuela. La resolución amplía de manera significativa el margen de operaciones autorizadas para la comercialización e industria del oro y otros minerales venezolanos, marcando una nueva etapa en las relaciones comerciales bajo supervisión internacional.
A través de la recién emitida Licencia General 51D, Washington otorga luz verde a las entidades estadounidenses establecidas para involucrarse directamente en la cadena productiva y comercial. Esto abarca desde la exportación, venta y compra, hasta el almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de recursos minerales extraídos en suelo venezolano.
Flexibilización no equivale a levantamiento general
Pese al alcance de la medida, la Casa Blanca dejó en claro que no se trata de una suspensión definitiva de las sanciones. El gobierno estadounidense mantendrá un cerco regulatorio riguroso sobre el destino final de los recursos, así como una fiscalización exhaustiva sobre los actores corporativos e individuos autorizados para operar.
El texto de la licencia establece líneas rojas geopolíticas muy claras:
- Exclusiones estratégicas: Quedan estrictamente prohibidas todas las transacciones u operaciones que involucren a actores de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.
- Restricciones específicas: Se mantienen limitaciones severas sobre determinadas estructuras y empresas vinculadas con China.
Control de fondos y trazabilidad de la cadena
Para evitar el desvío de capitales, la Ofac diseñó un mecanismo financiero blindado. Los pagos dirigidos a personas o entidades actualmente bloqueadas deberán ser canalizados obligatoriamente hacia fondos de depósito del Gobierno extranjero, creados bajo la orden ejecutiva de enero de 2026, o depositados en cuentas específicas designadas por el Departamento del Tesoro.
Asimismo, la normativa impone un estándar inédito de transparencia para las empresas estadounidenses. Las compañías participantes deberán rendir informes detallados que certifiquen la trazabilidad completa del mineral, precisando la cadena de custodia, los volúmenes comercializados, los precios fijados y el desglose de los pagos efectuados al Gobierno venezolano.
