Leopoldo Martínez plantea que los ingresos fiscales del proyecto pueden financiar la recuperación de servicios públicos
Los mayores ingresos fiscales derivados del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos podrían destinarse a reconstruir servicios públicos esenciales como electricidad, hospitales, escuelas y comunicaciones, según el análisis de Leopoldo Martínez Nucete, presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA).
El exdiputado de la Asamblea Nacional explica que el entendimiento apunta a una asociación energética de largo plazo para desarrollar 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. Las proyecciones del gobierno venezolano ubican la inversión potencial por encima de los 100.000 millones de dólares y los ingresos tributarios en unos 209.000 millones.
El impacto económico, señala, no se limitaría al sector energético: infraestructura, banca, construcción y cadenas de suministro se beneficiarían del movimiento de capital asociado al proyecto.
Martínez sostiene que el país debe redefinir su concepto de soberanía en materia de recursos. “La verdadera soberanía consiste en establecer reglas que conviertan esos recursos en prosperidad para los venezolanos, inclusive con socios internacionales”, afirma, tras advertir que Venezuela “ha confundido el mantenimiento de su soberanía con dejar el petróleo bajo tierra”.
Un elemento que destaca del esquema es que las reservas continuarían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el petróleo producido en esos campos.
El analista propone acompañar los recursos con presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria, un marco que garantizaría que los beneficios de la inversión lleguen efectivamente a la población.
